Cómo inquilinos de alquiler estabilizado hicieron fracasar a Donald Trump

Donald Trump creía que había hecho suyas riquezas inesperadas cuando compró dos edificios en la Sexta Avenida y Central Park South en 1981. El Barbizon Plaza, de 38 pisos, dijo a su colaborador, “era un hotel de precios medios, un poco descuidado, que en el mejor de los casos rindió ganancias mínimas”. El 100 Central Park South, el edificio de 14 pisos a su lado, “estaba lleno de apartamentos de alquiler controlado o estabilizado”, lo que quería decir que en el mejor de los casos rendiría ganancias modestas.

“La manera de obtener el mayor valor del sitio, pensaba, fue derribar los dos edificios y construir en su lugar una sola enorme, bella y moderna torre de condominios de lujo”, dijo en su libro “como se le dijo” de 1987, Trump: The Art of the Deal (Trump: El arte de la negociación). Para lograrlo, sin embargo, tendría que desalojar a los inquilinos de alquiler regulado. 

Como muchísimos otros caseros en Nueva York con ambiciones similares, lo intentó. El 1º de enero de 1982, seis inquilinos recibieron avisos de que tenían que restaurar sus apartamentos a sus condiciones originales dentro de 10 días o ser desalojados. Para James Galef, cuya familia había vivido en el edificio por décadas, eso habría significado reconstruir una pared que se había demolido en 1955, varios años antes de que él naciera. Suzanne Blackmer, una actriz de edad avanzada que había regresado al edificio de su pueblo natal en Carolina del Norte después de que su esposo murió en 1973, recibió múltiples avisos de desahucio acusándole de que el apartamento no era su residencia principal, a pesar de que su casa en Carolina del Norte había sido arruinada por un incendio. Cuando su agua y gas se cortaron, Trump echó la culpa a las renovaciones en otros apartamentos. Presentó cargos falsos de falta de pago contra otros inquilinos, uno de los cuales fue desestimado cuando el hombre trajo su cheque cancelado a la corte.

Más adelante en 1982, Trump dijo a la Administración de Recursos Humanos (Human Resources Administration, HRA) municipal que albergaría gratis a personas sin techo en los 10 apartamentos vacíos. Después de que HRA rechazó su oferta, diciendo que “no parecía apropiado albergar a clientes en un edificio programado para ser demolido”, cubrió las ventanas de los apartamentos almacenados con tablas para hacer que el edificio pareciera abandonado. 

Los inquilinos presentaron múltiples quejas en la División de Vivienda y Renovación Comunitaria (Division of Housing and Community Renewal, DHCR) estatal, alegando hostigamiento, “disminuciones drásticas en servicios esenciales” y “demoras persistentes en reparar condiciones defectuosas con posibilidades de poner la vida en peligro”. Algunos de ellos iniciaron una huelga de alquiler. James Galef, al testificar en una audiencia de la DHCR en 1985, dijo que los ascensores estaban defectuosos y mostró una foto de hongos que estaban creciendo debajo de una alfombra. 

Trump también montó una ofensiva propagandística, llamando a los inquilinos “millonarios en abrigos de visón que manejan Rolls-Royce”. “Con el control y estabilización de alquileres, estos inquilinos gozaban de una de las más grandes subvenciones inesperadas en el mundo libre: en el mercado abierto, sus apartamentos se alquilarían por hasta diez veces lo que estaban pagando”, dijo en The Art of the Deal. “El control de alquileres es un desastre para todos menos la minoría privilegiada a la que protege. Tanto como cualquier otro factor específico, el control de alquileres es responsable por la crisis urgente de vivienda que ha asolado a NYC durante los últimos 20 años”.

En realidad, Suzanne Blackmer, quien pagaba $204 por su apartamento de alquiler controlado, vivía con menos de $10,000 al año, que recibía de Social Security, actuaciones esporádicas y una pensión del Gremio de Actores (Actors’ Guild) que había ganado por aparecer en más de 60 películas. “Tiene tanta vanagloria”, dijo a un reportero en 1987. “Quisiera ser Jesús. Quisiera ser Hitler. Quisiera ser la cosa más poderosa del mundo”.

Los inquilinos contrataron a un bufete poderoso, Fischbein Olivieri Rozenholc & Badillo, en el que destacó el antiguo miembro del Congreso Herman Badillo. Consiguieron una orden que prohibió desalojos. Trump contraatacó demandando al bufete por $205 millones en la corte federal, acusándolo de ser una organización corrupta e influida por extorsionistas. Aseveró que los abogados le habían extorsionado al presentar quejas en la DHCR y al representar a inquilinos que participaron en huelgas de alquileres e intentos en la Corte de Vivienda para mejorar servicios. También les acusó de haberle ofrecido incluirlo en negocios de bienes raíces y de haber intentado sobornar a un miembro clave de su personal para obtener información privilegiada. 

El juez Whitman Knapp rechazó la demanda de Trump en 1986, diciendo que continuarla “simplemente sería una pérdida del tiempo y los recursos de los litigantes”. Presentar una demanda no se puede calificar como una extorsión, escribió. Mientras consideró las alegaciones de Trump sobre ofertas de bienes raíces “bastante increíbles”, no es extorsión cuando abogados hacen ofertas a sus adversarios. “De hecho, se así fuera”, escribió, “todos los abogados que intentan arreglar un caso podrían terminar tras las rejas”.

El caso finalmente se arregló en 1998, cuando una corte de apelación decidió que Trump podría convertir los apartamentos vacíos en condominios y venderlos, pero los 51 inquilinos de alquiler regulado que permanecían podrían quedarse. Podrían seguir alquilando, sin que se permitiera aumentos de mejoras importantes de capital por ocho años, o comprar sus apartamentos por un precio reducido por un tercio. Solamente ocho optaron por comprar.

Suzanne Blackmer siguió viviendo en su apartamento hasta poco antes de su muerte en 2004, sin más hostigamiento por parte de Trump; hasta le mandó flores en su cumpleaños.

Trump afirmó que para 1987 había ganado más de $100 millones de los dos edificios, rebautizados Trump Parc y Trump Parc East. El sitio Web de su compañía actualmente ofrece un condominio de un dormitorio por $1,550,000 y un estudio por $1,100,000. Otros sitios Web de bienes raíces, sin embargo, ofrecen un condominio de un dormitorio por $849,000. Otro se alquiló recientemente por $2,850 al mes. Se vendió un apartamento de tres dormitorios en 2013 por un poco menos de $9 millones.