Inquilinos de apartamentos desregulados tratan de parar desalojo masivo

Inquilinos en tres edificios en el Loisaida están enfrentando un desalojo masivo, y no tienen casi ningún derecho legal a impugnarlo.

En marzo, 17 de los inquilinos en 50, 54 y 58 Este de la Tercera Calle recibieron cartas de su casero, Abart Holding Co., declarando que los edificios estaban “bajo contrato para venderse” y que “se ha acordado con los inminentes nuevos propietarios que su contrato no se renovará; se espera que usted salga cuando se venza”.

“Nos dieron 60 días para salir”, dice Sue Palchak, de 38 años, una peluquera que ha vivido en los edificios por dos años. “Nos han puesto nuestras vidas patas arriba”, añade su esposo, Greg Essenpreis, un trabajador social.

Se suponía que los dos se iban a mudar para el 14 de mayo, pero rehusaron hacerlo. Recibieron un aviso de desalojo el 25 de mayo. “Estamos tratando de convencer al casero que sea decente”, dice Essenpreis, pero “el despacho del casero se niega a negociar de ningún modo o manera”.

“Todos pedimos extensiones de plazo”, dice David M., de 27 años, un estudiante de licenciatura en la Universidad de Nueva York que se mudó al 50 Este de la Tercera Calle el año pasado. “Dijimos, ‘háganos una oferta’, y no quisieron darnos nada”.

El casero no tiene ninguna obligación legal a negociar. Solamente una cuarta parte de los 72 apartamentos en los tres edificios de seis pisos cada uno son de alquiler estabilizado, según los inquilinos. Esta minoría todavía tiene el derecho a renovar sus contratos y no se puede desalojar a ellos sin causa, como sería no pagar el alquiler o crear molestias. 

Los demás inquilinos, incluidos los 17 que recibieron las cartas, no tienen tales protecciones. Viven en apartamentos desregulados, y por eso el casero puede aumentar los alquileres sin restricción legal alguna, además de negarse a renovar los contratos de los inquilinos sin dar razón.

En 1997, cuando el estado puso fin a controles de alquiler para apartamentos disponibles si el alquiler era más de $2,000 al mes, los partidarios de la desregulación sostuvieron que esto sólo afectaría a un puñado de ricos en Manhattan. Sin embargo, durante los 15 años desde entonces, se ha extendido a buena parte de la ciudad. Mientras los alquileres se dispararon en los vecindarios adinerados como el Upper East Side, empujó a la gente hacia otros vecindarios de Manhattan, como el Loisaida, haciendo aumentar los alquileres por allá. Esto a su vez empujó a la gente hacia el norte de Manhattan y a los condados colindantes, repitiendo el proceso en estos lugares. Hoy en día apartamentos en Bushwick y Bedford-Stuyvesant se pueden alquilar por más de $2,000, y hasta en Brownsville y East New York, dos de los más pobres y aislados vecindarios de Brooklyn, unidades de dos y  tres dormitorios están pasando por arriba de la marca de $1,500.  

“Necesitamos la estabilización de alquileres”, dijo la concejal del Loisaida Rosie Mendez a los alrededor de 100 personas que se manifestaron fuera de los edificios el 7 de mayo para apoyar a los inquilinos. De lo contrario, “no hay mucho en las leyes que proteja a los inquilinos.”

Desde hace años, los inquilinos de Nueva York han estado tratando de conseguir que se revoque la ley de desregulación, pero en el Senado estatal lo han bloqueado una coalición de republicanos financiados por la industria de bienes raíces y demócratas delincuentes declarados culpables. El año pasado, los inquilinos ganaron una pequeña victoria, cuando el estado elevó el umbral de desregulación hasta $2,500. Algunos en el movimiento de inquilinos recomiendan ampliar las protecciones para cubrir todos los que alquilen sus viviendas.

Sin embargo, dice Mendez, “No podemos hacer nada al nivel municipal”. Una ley estatal de 1971 prohíbe a la ciudad promulgar por sí misma controles de alquiler más fuertes.

Con casi ningunos derechos legales, los inquilinos de la Tercera Calle están empleando otras tácticas. Están tratando de convencer a funcionarios elegidos que se pongan en contacto con la Administración de Hipotecas Nacional Federal (Federal National Mortgage Administration), que adquirió la hipoteca de los edificios el año pasado por $9.8 millones de una compañía de Maryland llamada Beech Street Capital. En la manifestación del 7 de mayo, Steve Herrick, el director del Comité de Cooper Square, dijo que esto era “una vergüenza”, al señalar que la misión de Fannie Mae incluye tratar de “ayudar a las familias en aprietos” y “asegurar que la gente pueda comprar o alquilar viviendas”.

También están investigando la historia de arrendamiento de los edificios para averiguar si se desregularon ilegalmente algunos apartamentos, dice Wasim Lone, director de los servicios de vivienda en el Bueno Viejo Loisaida (Good Old Lower East Side). “Hay actividades de desregulación muy cuestionables que están documentadas”, dice Essenpreis. Se desreguló su apartamento en 2002; el casero, dice, sostuvo que los inquilinos que ocupaban el apartamento en ese entonces ganaban más de $175,000 al año, por encima del límite para inquilinos de alquiler estabilizado; sin embargo, aquellos inquilinos pagaban $1,300 al mes, y la “desregulación por ingresos altos” sólo era legal si el alquiler era más de $2,000.

“Por supuesto, no tenemos ninguna manera de refutar esto, ya que tanto la prescripción como las pruebas de fraude limitan nuestras opciones”, dice. Generalmente los excesos de cobro prescriben después de cuatro años. Este límite, según Lone, es “muy difícil de impugnar” sin fuertes evidencias de que el casero entregó declaraciones fraudulentas sobre renovaciones para poder desregular el apartamento.

Un inquilino en los edificios ha ganado un caso de exceso de cobro. En 2009, la División de Apelaciones estatal ordenó a Abe Haruvi, co-propietario de Abart, pagar $74,000 a Roger Jazilek, un inquilino en 50 Este de la Tercera Calle, después de fallar que Abart había entregado una inscripción de alquiler falsa al estado. Abart había tratado de desalojar a Jazilek en 2002, sosteniendo que éste había subarrendado ilegalmente de una mujer que había vivido allí desde 1981. Llegaron a un arreglo fuera de la corte, en el que Jazilek recibió un contrato de dos años que aumentó el alquiler de $812 a $1,800, con este $1,800 descrito como un descuento de “alquiler preferencial” y el alquiler oficial inscrito en $2,200. En 2005, Jazilek impugnó el arreglo, diciendo que se había desregulado su apartamento ilegalmente. La corte declaró que el alquiler legal era $975.

Haruvi y Abart, que han sido los propietarios de los edificios desde 1988, también tienen un historial de intentos de desalojo cuestionables. En 2000, el Village Voice reportó que Haruvi había tratado varias veces de apoderarse de los apartamentos de los inquilinos para su propio uso. En dos casos, declaró que era un padre soltero viudo. Las cortes rechazaron uno de estos casos, pero en el otro, en 114 Este de la Calle 71, el inquilino acordó mudarse. Sin embargo, Haruvi no se mudó al apartamento: lo alquiló a un nuevo inquilino, aumentando el alquiler de $900 hasta una cifra calculada en $5,000.

En 2005, trató de apoderarse de otro apartamento en el edificio en la Calle 71, pero las cortes lo rechazó.

Quizás no tan irónicamente, los tres edificios están en el otro lado de la calle de 47 Este de la Tercera Calle, donde los caseros Alistair y Catherine Economakis desalojaron a todos los inquilinos al declarar que querían usar todo el edificio de 15 apartamentos como su propio hogar. Estos inquilinos llegaron a un arreglo fuera de la corte a fines de 2008, después de que la corte más alta del estado falló que no hubo ningún límite legal en el número de apartamentos que un casero podía reclamar a una sola vez para su uso personal. 

Inquilinos en los edificios describen una atmósfera “misteriosa”. Lisa, una inquilina de alquiler estabilizado que ha vivido allí por 18 años, dice que personas que se niegan a identificarse han entrado en apartamentos para tomar medidas.

Lone lo llama “muy feo”. Los agentes de Abart, dice, han llamado a inquilinos para preguntarles cuándo van a mudarse. 

“Ni siquiera está la cosa tanto como que no queremos salir, sino que no podemos”, dice Palchak. “No tenemos con qué hacerlo”. Los dos ya estaban pagando más de un 30 por ciento de sus ingresos en alquiler, y ella calcula que les costaría $8,000 mudarse. La respuesta a esto del despacho del casero, dice Essenpreis, fue “¿Por qué no llaman a sus padres?”

La pareja ha vivido en el vecindario desde hace 15 años, dice. “Debemos tener el derecho a quedarnos. No creo que el casero deba botarnos sólo para ganar más dinero”.

La ley no les otorga tal protección. Una meta de los controles de alquiler era estabilizar vecindarios ante una escasez crónica de vivienda. La desregulación sometió esto al dominio del mercado.

“Sin regulaciones de alquiler, las protecciones que mantienen a los inquilinos en sus hogares, vamos a ver mucho más de esto. Será una puerta giratoria”, dice Mendez. “Si no cambiamos las leyes de alquiler, ésta será una ciudad solamente para los ricos”.