RGB vota para empeorar la crisis de asequibilidad

El 25 de junio, entre gritos de “¡vergüenza!” de una multitud de inquilinos enfadados que llenaron la Gran Sala en Cooper Union, la Junta de Renta Regulada (Rent Guidelines Board, RGB) municipal votó 5 a 4 para aumentar el alquiler de apartamentos con alquiler estabilizado un 1.5 por ciento por renovaciones del contrato por un año y 2.5 por ciento por dos años. Los aumentos se aplicarán a los contratos que entran en vigor el año que comienza el 1o de octubre.

El presidente David Reiss propuso los aumentos, apoyado por tres de los otros cuatro miembros públicos. Cuando el miembro público German Tejeda votó en contra, la representante de los caseros Patti Stone dio el quinto voto necesario. Más adelante, Tejeda fue el único miembro público que apoyó la moción de los representantes de los inquilinos para una congelación de alquileres por un año, rechazada 6 a 3.

Los inquilinos tenían todo el derecho a estar enfadados. Al votar por estos aumentos, la mayoría de la RGB incumplió su mandato regulatorio de proteger a los inquilinos de “alquileres opresivos” e hizo caso omiso de los datos proporcionados por su propio personal. El estudio de Ingresos y Asequibilidad 2019 del personal de la RGB sobre las condiciones económicas de los inquilinos, emitido el 4 de abril, concluyó que “una mayoría de los inquilinos con el alquiler estabilizado no pueden pagar su alquiler”. El estudio de Ingresos y Gastos, que examina los datos disponibles sobre las ganancias de los caseros, halló que los ingresos netos de operación de los caseros (el dinero que queda después de restar los gastos para operar el edificio del ingreso total de alquileres) subió por decimotercer año seguido, estableciendo un nuevo récord de 41 centavos de cada dólar en alquiler entrando a la cuenta bancaria del casero.

El 7 de mayo, la RGB propuso que los aumentos de este año debían estar dentro del margen de 0.5 a 2.75 por ciento por un año y 1.75 a 3.75 por ciento por dos años. Luego, como lo requiere la ley, celebró una serie de audiencias públicas en el Bronx, Brooklyn, Queens y Manhattan. Sin embargo, y a pesar de escuchar a cientos de inquilinos que hablaron desde el corazón sobre las dificultades que sus familias sufrirían si los alquileres aumentaran aún más, la junta permitió aumentos en medio del margen propuesto.

El contraste de una crisis récord de asequibilidad y carencia de vivienda récord con ganancias récord por parte de los caseros ciertamente habría justificado al menos una congelación de alquiler de un año, como la adoptada por la junta en 2015 y 2016, si no una disminución. Pero durante la semana antes de la votación final, corrieron rumores de que el gobierno municipal estaba presionando a los miembros públicos a permitir un aumento más alto para compensar a los caseros por pérdidas que, según ellos, iban a sufrir a causa de la promulgación por parte del estado de regulaciones de alquileres más fuertes el 14 de junio.

La Ciudad de Nueva York está sufriendo una crisis de asequibilidad de proporciones épicas. El gobierno federal define como dificultades por carga pesada de alquiler al gasto por los inquilinos de al menos un 30 por ciento de sus ingresos en el alquiler, pero más de la mitad de inquilinos con alquiler estabilizado pagan más: su carga de alquiler media es un 36 por ciento. El cuadro es mucho peor para cientos de miles de personas debajo del nivel de pobreza (ingreso familiar menor a $12,490 al año por una sola persona o $21,330 por una familia de tres). Más de un 98 por ciento de ellos sufren una carga pesada de alquiler, y un 87 por ciento tienen una carga pesada de alquiler “grave”, lo que significa que gastan al menos la mitad de sus ingresos en alquiler.

Las cifras de inquilinos trabajadores- pobres y de ingresos medianos también son desesperantes. Entre las familias con ingresos de hasta el doble del nivel de pobreza, un 90 por ciento sufren una carga pesada de alquiler y un 48 por ciento tienen una carga pesada de alquiler grave. Entre aquellos con ingresos de dos a cuatro veces el nivel de pobreza, un 49 por ciento sufren una carga pesada de alquiler.

Aunque la Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección de Inquilinos de 2019 elimina muchas de las lagunas legales que los caseros han usado para aumentar los alquileres durante los últimos 20 años, no hará que los alquileres bajen de sus niveles inasequibles actuales.