¡Se consigue victoria en las leyes de alquiler tras meses de organización!

En junio, el Estado de Nueva York promulgó el fortalecimiento más importante en 45 años de las protecciones para inquilinos. Ocurrió después de casi dos años de trabajo preparatorio intensivo y en las calles por parte de activistas de vivienda, para elegir legisladores a favor de los inquilinos que remplazaron a colaboradores de la industria de bienes raíces y construir una coalición sin precedente en todo el estado.

61 people were arrested June 14 in a sit-in at the state capitol demanding stronger rent laws.
61 people were arrested June 14 in a sit-in at the state capitol demanding stronger rent laws. Photo – Tim Stephanos

La Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección de Inquilinos (Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019, aprobada por la Legislatura y firmada por el Gobernador Andrew Cuomo el 14 de junio, revocó la mayoría de las lagunas legales en las regulaciones estatales de alquileres promulgadas en 1997. Puso fin a la desregulación de apartamentos vacantes con alquiler estabilizado donde el alquiler está suficientemente alto, además del recargo de un 20 por ciento en apartamentos vacantes. Establece límites estrictos sobre el monto en alquiler que los caseros pueden aumentar por renovaciones y da a los inquilinos más tiempo para impugnar aumentos de alquiler ilegales. Hará que los descuentos de “alquiler preferencial” dados a alrededor de 300,000 inquilinos duren hasta que éstos se muden. También permite a gobiernos locales en el norte del estado y el este de Long Island promulgar la estabilización de alquileres, e incluye protecciones para residentes de casas móviles.

Los inquilinos no consiguieron todo lo que querían. La ley promulgada no prohíbe el desalojo sin una “buena causa” específica –que habría protegida a más de 1.6 millones de familias– ni elimina aumentos del alquiler por renovaciones, ni regula otra vez los 300,000 apartamentos que se estima han sido descontrolados desde 1997. Sin embargo, ha puesto en duda el poder que los grupos de presión de la industria de bienes raíces han ejercido sobre el gobierno estatal durante décadas.

“En vez de luchar por lo que ya tenemos y tratar de protegerlo, decidimos pasar a la ofensiva”, dice Cea Weaver, coordinadora de campaña de la coalición Justicia de Vivienda para Todos (Housing Justice for All). “Los caseros ya no van a dictaminar más la política pública en el Estado de Nueva York”. Los grupos de inquilinos, que empezaron a organizarse en serio durante el otoño de 2017, hicieron una campaña dentro-fuera clásica. Primero, contrincantes en elecciones primarias depusieron a seis de los ocho senadores estatales de la Conferencia Demócrata Independiente (Independent Democratic Conference, IDC), cuya alianza con los republicanos había asegurado que ninguna legislación a favor de los inquilinos jamás llegara a una votación en el Senado.

“La clave para nosotros fue organizar una participación electoral masiva para elegir a personas que son explícitamente progresistas”, dice Jonathan Furlong, director de organización en Coordinadores de Conservación de Vivienda (Housing Conservation Coordinators) en Clinton. Por ejemplo, Julia Salazar (demócrata de Brooklyn), patrocinadora principal del proyecto de ley sobre el desalojo por buena causa en el Senado, derrotó a un titular más centrista. “Se postularon por los inquilinos, y no dieron marcha atrás”, dice Michael McKee de TenantsPAC. “De hecho, nos ayudaron a torcer otros brazos. Era una cuestión fundamental para ellos”.

Segundo, la construcción de una coalición genuinamente a nivel estatal. Justicia de Vivienda para Todos abarcó más de 65 organizaciones, desde grupos de vecindarios e inquilinos que han existido por muchos años en la Ciudad de Nueva York, como el Consejo Metropolitano de Vivienda (Metropolitan Council on Housing) y la Coalición Comunitaria y de Cleros de la Comunidad del Noroeste del Bronx (Northwest Bronx Community and Clergy Coalition), hasta una asociación de inquilinos de casas móviles en un pequeño pueblo al este de Buffalo y el sindicato de 300,000 miembros de trabajadores de salud 1199SEIU. Esto requirió una organización de base “muy intensa”, dice Andrea Shapiro de Met Council, desde ir de puerta en puerta en los distritos de los miembros de la IDC hasta organizar a asociaciones de inquilinos en edificios individuales.

La gente trabajó “día y noche”, dice Ivan Contreras, organizador principal de inquilinos en Woodside en Marcha (Woodside on the Move), tocando de puerta en puerta, hablando a todo el mundo en un edificio y celebrando reuniones. Muchos en la población inmigrante del noroeste de Queens, mayoritariamente latina y del sur de Asia, “no sabían que tenían derechos”, dice, pero entendían que “fue una batalla para el derecho a quedarse en sus comunidades”. Algunos se ausentaron del trabajo tres o cuatro veces para presionar y manifestarse en Albany.

Construir una coalición a nivel estatal requirió tanto logística como la creación de un programa en común. La logística empezó en el otoño de 2017, con una reunión en Rochester que convocó a grupos de varios lugares en el norte del estado junto con el movimiento de inquilinos más antiguo de la Ciudad de Nueva York. Para la primavera pasada, estaban en contacto entre sí frecuentemente, dice Rebecca Garrard, organizadora estatal de vivienda en Acción Ciudadana (Citizen Action) en Albany.

Las regulaciones de alquileres habían sido consideradas un problema de la Ciudad de Nueva York, ya que la estabilización de alquileres sólo cubre la ciudad y los condados de Westchester, Nassau y Rockland. Pero en lugares como Rochester, una ciudad de 210,000 habitantes, un 60 por ciento de quienes son inquilinos, muchos de ellos pobres, “esa gente está enfrentando la misma presión de aburguesamiento como en Brooklyn, el Bronx y Queens”, dice Cea Weaver. Los proyectos de ley para permitir la estabilización de alquileres a nivel estatal y prohibir el desalojo sin una buena causa dieron algo por qué luchar a los residentes del norte del estado, y también había problemas locales como empresas de capital privado comprando parques de casas móviles y aumentando los alquileres.

¿Cómo se tradujo esto en influencia legislativa? Aunque los demócratas ganaron una mayoría de 39 a 24 en el Senado, la primera vez que han tenido un control sólido desde los años 1960, la demografía no decidió el destino. Irónicamente, la Asamblea, donde una mayoría demócrata de casi 2 a 1 había aprobado regularmente proyectos de ley para revocar las lagunas legales de 1997 durante la última década, resultó ser un obstáculo mayor. El Vocero Carl Heastie no incluyó el desalojo por una buena causa en sus propuestas para leyes de alquiler, y también estaba renuente a eliminar aumentos por mejoras importantes de capital en todo un edificio y renovaciones de apartamentos individuales.

Hasta el mes de junio Heastie estaba sosteniendo que el asunto no afectó a la gente en su distrito del noreste del Bronx, dice Andrea Shapiro; después de una reunión abierta ahí el 6 de junio, él escribió en Twitter que ninguno de sus constituyentes había asistido. “El lunes 10 de junio, entregamos nuestra petición”, añade Shapiro. La petición incluyó más de 1,100 firmas de inquilinos con alquiler estabilizado en el distrito.

Grupos de inquilinos también bloquearon el Capitolio con sentadas dos veces, incluida una acción del 4 de junio en que 61 personas fueron arrestadas. Toda esta presión, dice Weaver, hizo “políticamente tóxico” estar del lado de la industria de bienes raíces. También impulsó a legisladores vacilantes a apoyar algo más que mejoras simbólicas.

Un momento decisivo, dicen los organizadores, ocurrió cuando la Líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart- Cousins, convenció a Heastie a elaborar un proyecto de ley sin incluir al Gobernador Cuomo. “Le ganó la partida al gobernador”, dice Michael McKee. “Él habría debilitado todo”.

Muchos partidarios de los inquilinos se pusieron nerviosos cuando Stewart- Cousins no anunció los proyectos de leyes de alquiler públicamente hasta junio, pero McKee dice que “estaba consolidando su poder”, asegurándose de que tuviera los votos para aprobarlos. Cuomo sostuvo que ella no tenía los votos, que él mismo podía inventar algo más fuerte y que firmaría cualquier proyecto de ley que le mandara la Legislatura –fanfarronería con que “se atrapó a sí mismo”, dice Andrea Shapiro. La Conferencia Demócrata del Senado también hizo que los abogados de Ayuda Legal Ellen Davidson y Robert Desir explicaran las leyes de alquiler a su grupo de trabajo sobre la cuestión, añade McKee, para que legisladores sin experiencia en ella conocieran los datos básicos.

Cuomo, enojado, amenazó con vetar cualquier proyecto de ley que no tuviera sus aportes, pero ya que la estabilización de alquileres vencería el 15 de junio, hacer eso lo haría la persona responsable de acabar con ella. El 14 de junio, el Senado aprobó el proyecto de ley por una votación de 36 a 26, con cuatro demócratas, todos ellos de Long Island, votando en contra. La votación en la Asamblea fue de 95 a 46.

Los activistas están llamando la legislación una “victoria histórica” que ganó la revocación del descontrol de viviendas disponibles después de una lucha de 22 años. Sin embargo, “tenemos mucho por qué luchar la próxima vez”, dice Jonathan Furlong. La legislación aprobada “no logró establecer protecciones significativas para inquilinos con alquileres a la tasa del mercado”, señala McKee.

Permitir la estabilización de alquileres en cualquier parte del estado puede regular alrededor de 39,000 apartamentos, estimó un informe emitido por la Sociedad de Servicio Comunitario (Community Service Society, CSS) en mayo, incluidos alrededor de 7,200 en Buffalo, 3,700 en Albany y 2,600 en Troy. La ley también incluye protecciones procesales que harán que los inquilinos en el norte del estado “no serán desalojados a finales del mes”, dice Shapiro.

De todos modos, eso es mucho menos que los más de 1.6 millones de unidades de alquiler que la CSS estima hubieran sido cubiertas por el proyecto de ley sobre el desalojo por una buena causa. Hubiera protegido no solamente a los inquilinos en el norte del estado y en Long Island, sino también a los inquilinos en casi 600,000 apartamentos en la ciudad que están en edificios demasiado pequeños (de menos de seis apartamentos) o demasiado nuevos (construidos desde 1974) para ser cubiertos por la estabilización de alquileres. En Rochester, que no habría podido promulgar la estabilización de alquileres porque su tasa de vivienda disponible de un 5.5 por ciento supera el límite para una “emergencia de vivienda”, según la CSS hubiera podido cubrir 48,600 unidades de alquiler.

“La lucha para conseguir la ‘buena causa’ en 2020 ha empezado definitivamente”, dice Rebecca Garrard. “Creemos que es alcanzable”.

“Ya estamos celebrando reuniones”, dice Contreras.

Una versión más corta que ésta apareció en el Indypendent.