REINA LA CONFUSIÓN EN LA CORTE DE VIVIENDA

La juez en jefe insta a retomar los casos de desalojo a pesar de preocupaciones por la salud y el debido proceso

Nota del redactor: Esta información era precisa el 28 de julio, pero es posible que hayan cambiado muchos detalles, incluido si los límites en los desalojos siguen vigentes. Para actualizaciones, póngase en contacto con la línea de ayuda de Met Council.

Mientras la Juez en Jefe estatal Janet De Fiore insta a reabrir la Corte de Vivienda de la Ciudad de Nueva York para llevar a cabo casos de desalojo, los inquilinos, organizadores y proveedores de servicios legales y sus sindicatos lo han rechazado. Los procesos judiciales en persona siguen suponiendo riesgos graves de propagar el virus de COVID-19, y los intentos de celebrar audiencias complejas mediante la comparecencia en video remoto presentan problemas prácticos y de debido proceso insuperables.

Lo que sucederá a continuación dista mucho de ser seguro. La Corte de Vivienda ha estado clausurada por razones de salud pública desde mediados de marzo, excepto por casos de emergencia como los de condiciones peligrosas o cierres de apartamentos ilegales. Todos los otros casos pendientes se suspendieron, y no se podían plantear nuevas demandas. Los desalojos pendientes también se suspendieron en varias etapas por el Gobernador Andrew Cuomo, los tribunales y, en algunos casos, por la Ley CARES federal.

Sin embargo, bajo las órdenes más recientes del Gobernador Cuomo y los tribunales, los alguaciles pueden empezar a programar desalojos después del 5 de agosto si ciertas condiciones se cumplen, y los tribunales pueden emitir nuevas órdenes (el documento legal que permite a un alguacil desalojar a un inquilino). Se les dio a los caseros permiso, a partir del 20 de junio, para presentar nuevos casos en contra de inquilinos, pero tienen que enviar los documentos a la corte por correo en vez de presentarlos en persona. Los inquilinos pueden posponer la respuesta a esos documentos porque no habrá fallos por falta de comparecencia (fallos de desalojo en contra de personas que no acudieron).

Actualmente, las Cortes de Vivienda no están abiertas al público en la Ciudad de Nueva York para llevar a cabo actividades en persona. La mayoría de las audiencias se celebran por Skype o teléfono, y los únicos casos de desalojo que avanzan son los que empezaron antes de la pandemia y en los que tanto el casero como el inquilino tienen abogados.

El sistema de tribunales estatal, bajo la dirección de la Juez DiFiore, está ansioso de reabrir su negocio. Para la Corte de Vivienda, ese negocio es el cobro de alquileres y el desalojo. Ha surgido resistencia a los esfuerzos para reabrir, ya que los activistas del movimiento de inquilinos han enfatizado la locura de desalojar a las familias durante una pandemia. Simplemente no hay manera segura de desalojar a la gente, ya que los albergues para los sin techo no están seguros, buscar vivienda expone a los inquilinos a la infección y la mayoría de los inquilinos todavía tienen ingresos reducidos. El pronóstico de la recuperación no es tan prometedor como se creía a principios de la epidemia: Todavía no hay evidencias de que la economía de Nueva York vaya a repuntar en un próximo futuro.

Dónde empezamos

Para proteger a los inquilinos y a los empleados de la corte durante la pandemia, el gobernador y los tribunales estatales establecieron una prórroga de desalojos en marzo. Para la tercera semana de marzo, las Cortes de Vivienda en la ciudad habían cerrado para todos los casos menos los de emergencia. Cada condado las mantuvo abiertas con un mínimo de personal compuesto de un juez, algunos secretarios y oficiales de la corte. De abril a junio, las audiencias en la Corte de Vivienda se celebraron en edificios centralizados que también albergaban otros casos de emergencia civiles, mientras dos edificios utilizados en tiempos normales (1118 Grand Concourse en el Bronx y 141 Calle Livingston en Brooklyn) cerraron. Los jueces no podían emitir fallos ni órdenes, pero sí podían mandar a caseros a hacer reparaciones de emergencia o readmitir a inquilinos ilegalmente bloqueados de entrar a sus apartamentos (cierre ilegal).

En junio, los tribunales gradualmente ampliaron sus operaciones. Los cambios se establecieron mediante órdenes ejecutivas del gobernador y órdenes administrativas y directivas emitidas por la Oficina de Administración Judicial estatal. Las órdenes aparecieron en el sitio Web del sistema judicial sin discusión ni aviso públicos: Los defensores han tenido que reunirse en torno a cada una para tratar de analizar su significado e interpretar el estado actual de la prórroga.

La ley CARES tiene protecciones más fuertes contra el desalojo para inquilinos en vivienda pública y los que reciben subvenciones de Sección 8 o viven en otros tipos de vivienda subvencionada federalmente, pero esas protecciones vencieron a finales de julio. La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley para extenderlas, pero el Senado no.

Se calcula que 1.1 millones de familias que alquilan sus hogares en el Estado de Nueva York perdieron ingresos durante los últimos cuatro meses debido a la pandemia. El Centro Furman de la Universidad de Nueva York estima que alrededor de un tercio de estas familias no han recibido subsidios por desempleo ni otros beneficios para colmar el déficit. Muchos no llenaron los requisitos porque recibieron demasiados ingresos o no podían comprobar su historia de trabajo previo, y otros eran inelegibles por su situación migratoria. Para los que recibieron subsidios por desempleo, el vencimiento el 31 de julio del suplemento federal de $600 a la semana promulgado en marzo por la ley CARES significa que cientos de miles más personas no podrán pagar el alquiler.

La Ley de Puerto Seguro para Inquilinos, que el Gobernador Cuomo firmó a finales de junio, ofrece a los inquilinos algunas protecciones del desalojo limitadas. Si los inquilinos pueden demostrar que perdieron ingresos debido a la epidemia, aun así los caseros pueden demandarlos en la Corte de Vivienda para cobrar el alquiler que no pagaron entre el 7 de marzo y el fin de la emergencia, pero no pueden conseguir una “sentencia que establezca un derecho de posesión” autorizándolos a desalojar al inquilino por falta de pago.

Sin embargo, la ley no protege a los inquilinos en casos holdover (casos presentados principalmente para recuperar apartamentos, pero no alquiler no pagado) o de alquiler que se debía antes de la pandemia ni a inquilinos que no pueden demostrar que su falta de ingresos se relacionó con la pandemia. Los dueños de apartamentos que no tienen regulación de alquiler (muchos en la ciudad, y la mayoría en el resto del estado) probablemente presentarán casos holdover en vez de falta de pago en contra de los inquilinos que les deben el alquiler. Los inmigrantes indocumentados que trabajan por pagos en efectivo no registrados y los que están en situaciones laborales informales, como cuidado infantil, tendrán dificultades para demostrar que perdieron ingresos y que las pérdidas se conectaron a la COVID.

Del 16 de julio al 6 de agosto, el estado aceptaba solicitudes para Subvenciones del Alquiler por COVID, un subsidio a corto plazo para inquilinos que ya estaban pagando más de un 30 por ciento de sus ingresos en alquiler en febrero de 2020. Si perdieron ingresos durante la crisis y por lo tanto estaban pagando un porcentaje más alto en alquiler, el estado, usando fondos de la Ley CARES, cubriría la diferencia.

¿La respuesta?

El movimiento nacional Cancelar la Renta está llamando a los gobiernos estatal y federal a promulgar una legislación que libraría a los inquilinos de la obligación de pagar alquileres durante la crisis sanitaria. En Nueva York, un proyecto de ley introducido en la Legislatura crearía un fondo para ayudar a los caseros dañados por no poder cobrar los alquileres, en vez de obligar a los inquilinos a demostrar que fueron afectados por la COVID-19. El sistema municipal de escuelas públicas está planeando reabrir con horarios modificados que permitirían a algunos niños ir a la escuela algunos días a la semana, lo que significa que millones de adultos no podrán regresar al trabajo, aun suponiendo que los trabajos existieran.

En cuanto a la salud, la Coalición Derecho a Asesoría Jurídica NYC (Right to Counsel NYC Coalition) está exigiendo que los tribunales sigan clausurados hasta que termine la pandemia. Cualquier persona que visitara las Cortes de Vivienda de Brooklyn o el Bronx antes del 17 de marzo lo entendería: Casi 2,000 personas al día pasaban por ellas. Sería imposible lograr la sana distancia en cualquiera de los edificios judiciales municipales. El virus amenaza a todos los que vayan a la corte, sean inquilinos, abogados, caseros o personal de la corte —muchos de los cuales se enfermaron por el inevitable contacto cercano antes del cierre de las cortes.

Lo que los inquilinos pueden hacer ahora

La ciudad está tratando de encontrar abogados para todos los inquilinos que enfrenten el desalojo. Gracias al movimiento de los inquilinos, la ley Derecho a Asesoría Legal significa que la ciudad cuenta ahora con un programa de servicios legales amplio y robusto que ofrece representación para los inquilinos que enfrenten el desalojo.

Si su casero empezó un caso de desalojo contra usted antes del 17 de marzo, trate de conseguir asesoría jurídica. Usted puede llamar al 311 o Housing Court Answers (212-962- 4795) para obtener una referencia. Su caso puede avanzar, pero no habrá desalojos mientras la prórroga siga vigente. Los alguaciles tendrán que entregar nuevos Avisos de Desalojo. No deben empezar con estos todavía, pero si usted recibe uno, no deje de llamar inmediatamente.

Si usted recibió documentos de la corte recientemente, también debe tratar de conseguir asesoría jurídica, pero en este momento no hay urgencia. Si no pudo pagar el alquiler debido a la COVID, trate de reunir documentos que lo demuestren. Usted puede solicitar ayuda del programa Subvenciones del Alquiler por COVID o solicitar una beca de emergencia única de la Admi_ nistración de Recursos Humanos municipal o grupos privados que ayudan a pagar alquileres atrasados. Llame a Housing Court Answers para conseguir asesoría.

Si lo han bloqueado ilegalmente de entrar en su apartamento (cierre ilegal), usted puede presentar una demanda en contra de la persona que lo hizo inmediatamente. Usted puede hacerlo a distancia, sin ir a la Corte de Vivienda. Llame a Housing Court Answers para ayuda.

Si tiene condiciones de vivienda de emergencia (falta de agua caliente, falta de suministro de agua, inodoro que no funciona, amenazas u hostigamiento), también puede presentar una demanda inmediatamente. Asegúrese de llamar al 311 para informarles de las condiciones y de llamar al casero. Si no se hacen las reparaciones, llame a Housing Court Answers.

Jenny Laurie, antiguamente la directora de Met Council, es actualmente la directora ejecutiva de Housing Court Answers.